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El colectivo Escuela Pública acusa a centros religiosos de difundir la homofobia

9 noviembre 2011

Un titular, el del Día de Córdoba, desafortunado. Había aspectos mucho más relevantes en el manifiesto. Como en tantas ocasiones, prima más un titular “beligerante” que el fondo razonado de nuestras críticas y aspiraciones.

El titular en su contexto se diluye: Reclamamos que los poderes públicos no financien como concertados los centros privados- religiosos que fomentan una visión de la realidad contraria a los avances del conocimiento científico o, a nivel ideológico y político, a las leyes aprobadas por el Parlamento democrático. Tampoco a los que aplican idearios o proyectos educativos u organizativos que contradicen los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la convención de los Derechos del Niño, así como los derechos civiles garantizados por las leyes españolas. Los centros educativos confesionales transmiten a su alumnado el particular ideario de la confesión católica, desdeñando otros modelos, contraviniendo en su caso, principios constitucionales y fomentando actitudes antisociales como el machismo, la homofobia y la discriminación de los que tienen convicciones diferentes. Sin mencionar los casos más graves de encubrimiento o justificación de conductas que son graves delitos (contra la consideración igualitaria de la mujer, el respeto a menores, etc.)

El manifiesto en este mismo blog.

LA NOTICIA EN EL DÍA DE CÓDOBA

La plataforma, que se presentará el jueves, sostiene que dichos colegios fomentan actitudes “antisociales” y “machistas”

L. Chaparro | Actualizado 08.11.2011 – 10:21

El Día de Córdoba

La plataforma por la Escuela pública, laica y de calidad asegura que los centros educativos confesionales trasmiten a su alumnado el particular ideario de la confesión católica y “desdeña otros modelos”. A juicio de esta plataforma, estos colegios contravienen principios constitucionales y fomentan actitudes “antisociales como el machismo, la homofobia y la discriminación de los que tienen convicciones diferentes, sin mencionar los casos más graves de encubrimiento o justificación de conductas que son graves delitos contra la consideración igualitaria de la mujer o el respeto a menores”.

El colectivo, del que forman parte sindicatos como Ustea y Comisiones Obreras, además de los partidos Equo e IU, y los colectivos Prometeo, el Forum de Política Feminista, el foro Félix Ortega y los movimientos Córdoba Laica, Alarife y la Asamblea de Mujeres de Córdoba Yerbabuena, ha hecho público un manifiesto en el que considera “inadmisible que muchos centros públicos mantengan símbolos religiosos”. El colectivo usa el mismo adjetivo para hacer referencia al hecho de que en la escuela se promuevan actos religiosos como actividades extraescolares y que se organicen actividades de formación del profesorado “subvencionadas con dinero público cuyo objetivo es la catequesis de los alumnos o de profesores”. Por ello, reclama que la Administración pública no financie con conciertos los centros privados-religiosos, ya que a su juicio “fomentan una visión de la realidad contraria a los avances del conocimientos científico”.

En su manifiesto, la plataforma muestra sus credenciales y aspiraciones. Entre ellas, el colectivo aspira a “una sociedad verdaderamente laica” y también a que la enseñanza confesional de la religión “desaparezca definitivamente del ámbito educativo”. Este movimiento, que se presentará de manera pública el próximo jueves en el instituto Maimónides, considera que “el adoctrinamiento religioso no es ni puede ser un área de conocimiento en la escuela porque segrega a niños, niñas y adolescentes por cuestiones ideológicas y de conciencia, que va en contra de los principios de educación en igualdad”.

La plataforma también demanda la “supresión inmediata de la llamada debida atención educativa” a partir del próximo curso. Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y, según indica el Ministerio de Educación, los centros tienen que establecer “las formas más adecuadas de proporcionar la debida atención educativa a los alumnos que no cursen la asignatura de religión católica”. El colectivo asegura que esta atención llega de la mano de “la connivencia y protección de los gobiernos que privilegia la elección de la asignatura de Religión” y, además, obliga a que el alumnado que no esté matriculado en esta materia “permanezca en el centro sin poder desarrollar actividades curriculares”.

Otra de las peticiones que hace este colectivo es la aprobación de una ley de financiación que garantice que la educación pública “disponga de las inversiones necesarias para superar los déficit históricos hasta llegar al 7% del PIB”. La educación pública, continúa, “no es un negocio, sino la herramienta con la que un pueblo interpreta, comprende, interactúa y modifica su entorno”. La plataforma defiende también una escuela que “garantice una educación laica, con un acceso al conocimiento universal, libre de adoctrinamientos o manipulaciones ideológicas”.

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