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Por la libertad de conciencia: Estado Laico

10 febrero 2012

No hay libertad posible sin libertad de conciencia, y no hay libertad de conciencia plena en una sociedad donde aún no se haya realizado la separación efectiva entre Religión y Estado. Este desgraciadamente es el caso de nuestro país donde los sucesivos gobiernos no han osado alterar la situación secular de privilegio de una confesión en concreto, en detrimento del resto de religiones y de los no creyentes.

En EQUO la laicidad se entiende desde el respeto de elección del individuo, desde la más absoluta tolerancia a la libertad religiosa, pero comprendiendo ésta, en sus múltiples dogmas, como un aspecto privado del ciudadano que no debe incorporarse en los centros educativos ni participar de la vida política institucional. Igualmente, para EQUO el sostenimiento económico de las actividades religiosas debe corresponder única y exclusivamente a sus fieles, no así las actividades de interés social que muchas organizaciones declaradamente confesionales realizan, como el resto de ONGs que hacen un valiosísimo trabajo solidario.

Consideramos que el hecho religioso pertenece al espacio más íntimo de las creencias personales y nos manifestamos a favor de que, en este ámbito, todas las personas que lo deseen gocen del debido respeto y protección. Precisamente por ello, EQUO defiende la neutralidad del estado como la mejor garantía para el respeto de todas las creencias, religiosas o no.


Con motivo del comunicado hecho público por la Asociación Europa Laica  (http://www.laicismo.org/europa_laica) tras la celebración la Asamblea Anual 2012 y la VIII Jornada Laicista, EQUO Córdoba quiere sumarse al llamamiento de Europa Laica a “DEFENDER LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA, LA LIBERTAD DE CONCIENCIA Y DE EXPRESIÓN Y EL ESTADO SOCIAL Y DE DERECHO, EN SUMA, A CONSTRUIR EL ESTADO LAICO”.

Nos adherimos a las propuestas de Europa Laica de anulación de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 y de derogación de la Ley de Libertad Religiosa de 1980. Igualmente,  apoyamos la exigencia de discusión y aprobación en el Parlamento español de una Ley de Libertad de Conciencia, tarea pendiente desde hace décadas.

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