Manifiesto por la Escuela Pública, Laica y de Calidad

Plataforma cordobesa por la Escuela pública, laica y de calidad (10 de noviembre de 2011)

La educación es uno de los pilares fundamentales de la democracia. Una sociedad verdaderamente democrática es aquella en la que las personas, al poder desarrollar su autonomía de pensamiento y su capacidad crítica en libertad, son difícilmente manipulables y no quedan a merced de las élites que controlan los medios de comunicación. La educación es el único medio para que cada cual puedan desarrollar sus capacidades y ejercer plenamente esa libertad.

 Con la excusa de la crisis, se están imponiendo gravísimos recortes en todos los servicios públicos y, en concreto, en la educación, lo que está provocando una privatización creciente de la misma, promoviendo un modelo educativo cuya prioridad pasa a ser el logro de la eficacia y la eficiencia, abriendo la educación a los principios y prácticas del mercado en todos los ámbitos del sistema educativo, abandonando el principio de la educación como un derecho fundamental para todos y todas  que ha de ser promovido por el Estado. Se quiere terminar con el principio de una educación al servicio del desarrollo integral de las personas y de la formación de una ciudadanía crítica, capaz de intervenir en su mundo y transformarlo.

 Así pues, la libertad de conciencia y la igualdad de todas las ciudadanas y ciudadanos son los pilares fundamentales de toda democracia. De ellos se deriva la necesaria separación entre el Estado y las organizaciones religiosas. Esto es, los principios del laicismo.

 El laicismo defiende esos valores que dotan a una sociedad democrática de una sólida base moral para promover y soportar la convivencia en comunidades como las actuales, de gran diversidad de culturas y credos. Sin el laicismo, la Historia nos lo enseña, se produce la imposición de un credo que tiene la hegemonía o bien la lucha entre las variadas confesiones y opciones espirituales.

Es necesario pues, que la escuela garantice que los futuros ciudadanos y ciudadanas puedan aprender, entender, valorar, practicar y defender los valores democráticos en igualdad de condiciones, como sujetos de derechos y deberes. La escuela pública tiene que garantizar una educación laica, con un acceso al conocimiento universal para hombres y mujeres, libre de adoctrinamientos y de encasillamientos o manipulaciones ideológicas. Para conseguirlo, la escuela, en su dinámica cotidiana, ha de ser una escuela de democracia, porque no hay mejor aprendizaje que aquel que es vivido desde la experiencia.

 Por todo ello aspiramos a una sociedad verdaderamente laica y a que la enseñanza confesional de la religión desaparezca definitivamente del ámbito escolar. Las creencias o prácticas religiosas no son una asignatura, pertenecen a la esfera de las opciones  personales, por lo que no forman parte de las competencias básicas escolares ni del currículo de la enseñanza obligatoria. El adoctrinamiento religioso, la catequesis, no es ni puede ser un área de conocimiento en la escuela, porque segrega a niños, niñas y adolescentes por cuestiones ideológicas y de conciencia, lo cual va en contra de los principios de la educación en igualdad, base de una sociedad democrática.

 En el momento actual consideramos que la debida separación Iglesia – Estado tiene carencias inmediatamente subsanables, después de una Constitución aprobada hace ya 32 años. Es inadmisible que muchos centros educativos públicos (y concertados) mantengan símbolos religiosos a pesar de haberse pronunciado ya en contra los tribunales internacionales. Es inadmisible que puedan ser promovidos en el ámbito de la escuela actos religiosos como actividades extraescolares, y que se organicen actividades de formación del profesorado subvencionadas con dinero público cuyo objetivo es la catequesis del alumnado   o del  profesorado.

 Reclamamos que los poderes públicos no financien como concertados los centros privados- religiosos que fomentan una visión de la realidad contraria a los avances del conocimiento científico o, a nivel ideológico y político, a las leyes aprobadas por el Parlamento democrático. Tampoco a los que aplican idearios o proyectos educativos u organizativos que contradicen los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la convención de los Derechos de La Infancia, así como los derechos civiles garantizados por las leyes españolas. Los centros educativos confesionales transmiten a su alumnado el particular ideario de la confesión católica, desdeñando otros modelos, contraviniendo en su caso, principios constitucionales y fomentando actitudes antisociales como el machismo, la homofobia y la discriminación de los que tienen convicciones diferentes. Sin mencionar los casos más graves de encubrimiento o justificación de conductas que son graves delitos (contra la consideración igualitaria de la mujer, el respeto a menores, etc.)

Consideramos por ello dejación de las responsabilidades de los sucesivos gobiernos equiparar sin más, bajo la categoría de “Servicio Público de Educación”, la red de centros públicos con la de los privados concertados y rechazamos rotundamente las políticas que desmantelan la oferta de enseñanza pública (desde la etapa infantil hasta la universitaria) favoreciendo la enseñanza privada concertada que, en España, es mayoritariamente católica.

Como un paso imprescindible, previo a la erradicación de la enseñanza confesional, exigimos la supresión inmediata en el próximo curso de la llamada “Debida Atención Educativa” (DAE), que con la connivencia y protección de los gobiernos privilegian la elección de la asignatura de Religión, al obligar a que el alumnado no matriculado en esta materia permanezca en el centro educativo sin poder desarrollar actividades curriculares.

De la misma forma, exigimos la defensa a ultranza de la Escuela Pública por parte de las instituciones estatales, ya que ésta es la única garante de los principios democráticos. Señalando su carácter inclusivo y generador de igualdad social, que se muestra como el motor de una sociedad justa, igualitaria y que no entiende de credos, ideologías, diferencias sociales, etc. Entendemos por ello que la Enseñanza Pública es la máxima expresión de los principios de igualdad y justicia, siendo la herramienta más potente con la que un pueblo cuenta y, por tanto, debe aspirar a ser lo más perfecta posible. Por ello, la inversión en Educación no puede, de ninguna forma, verse comprometida por intereses políticos, ideológicos y económicos. Exigimos la elaboración y aprobación de una Ley de Financiación, que garantice que la Educación Pública dispondrá de las inversiones necesarias para superar los déficits históricos, hasta llegar al 7% del PIB.

La Educación Pública no es un negocio: Es el compromiso de una nación para con su ciudadanía y la herramienta con la que un pueblo interpreta, comprende, interactúa y modifica su entorno, dando respuesta y avance a las distintas problemáticas sociales, económicas, políticas, etc., que acontecen en su tiempo.

 ORGANIZACIONES FIRMANTES  (por orden alfabético)

ALARIFE

ASAMBLEA DE MUJERES DE CÓRDOBA YERBABUENA

CÓRDOBA-LAICA

EQUO

FORO FELIX ORTEGA

FORUM POLÍTICA FEMINISTA

IU

PROMETEO

USTEA

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